Debut y despedida fue lo que tuvo un puesto de tortas ahogadas que se instaló la semana pasada en el callejón de las Guacamayas, espacio tradicional que es disfrutado por locales y turistas desde hace varios años.

Según información compartida a este medio, la instalación del puesto se realizó de manera sorpresiva, sin avisar a los locatarios organizados en el lugar desde hace más de 15 años, ellos quienes fueron instalados en esa área en convenio con el gobierno de Saúl González para que 8 comerciantes que antes estaban en el cuarto centenario, ahora prestaran sus servicios de manera más ordenada y respetando el espacio peatonal y visual de la ciudad.

El hecho causo algo de inconformidad entre los comerciantes, no por la instalación, sino por la supuesta prepotencia del mismo hecho, ya que fue removida una banca pública, podado en exceso el árbol que esta por la esquina con la calle constituyentes, además que se instalaron mesas y presuntamente bajo la amenaza quitar el puesto más cercano por la jactación de “Tener y Gozar de influencias con funcionarios de primer nivel de este ayuntamiento” (cita el escrito enviado por los comerciantes al gobierno.

Sobre este tema entrevistamos al representante de los comerciantes Jesús Ramirez, quien comento que el conflicto fue agrandado por la prepotencia de personal de inspección y reglamentos, quienes llegaron de manera poco educada a solicitar documentos a los comerciantes, quienes reaccionaron de la misma manera en que fueron abordados invitando a los funcionarios a informarse antes de pretender intimidar.

El escrito enviado por los comerciantes al Gobierno de Lagos describe su versión de los hechos, sobre porque al final consideraron que No era conveniente abrir un puesto mas que los que ya están establecidos bajo una distribución ordenada.

 

Por su parte la persona que fue retirada con su puesto de tortas, comento en redes que ella contaba con todos los permisos municipales, mostrando los documentos de pago.

Esta situación fue atendida por una comisión quienes determinaron el resultado final de retirar el puesto, no así el de regresar la banca al lugar en que se encontraba.

Otra queja de la afectada es que para el retiro del puesto acudieron mas de 10 elementos de transito para intimidación y al final le cobraban 400 pesos por gastos de la grúa.

 

Los funcionarios que participaron en este conflicto son el encargado de padrón y licencias que dio un permiso de puesto en un área que es considerada publica con permisos solo para ambulantes no para fijos, inspección y vigilancia quienes enviaron a sus inspectores a presuntamente intimidar a los comerciantes, ecología quien dio el permiso para talar el árbol obras publicas quienes quitaron la banca sin que la regresaran a su lugar y un pariente politico en nómina de Joaquín González Buz Regidor del ayuntamiento quien fue el que gestiono todos los papeles.